- «Este es el momento de probar el compromiso social de las grandes empresas; de forma que cualquier beneficio indirecto no engorde la cuenta de resultados ni los sueldos de los directivos sino que revierta en la sociedad», reclama Pedro Sánchez
- El ministro de Cultura avanza que la del Mecenazgo será «una Ley para el siglo XXI que incorpore los nuevos tipos de patrimonio, como el inmaterial, audiovisual y cinematográfico, el industrial, los paisajes culturales y el patrimonio subacuático»
- Creciente interés empresarial por el posicionamiento de la imagen de marca a través de estrategias que vinculen la RSC de forma duradera y no puntual con fundaciones, causas filantrópicas sociales, ambientales, educativas…
🖋️ Eduardo Fernández 📰 Terabithia Fundaciones
🎞️ Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Castejón, confirma que durante la presente legislatura se aprobará una nueva Ley de Mecenazgo que modificaría la obsoleta normativa de 2002, anuncio con el que se da luz verde (e instrucciones precisas para que se agilice) a una de las promesas del actual ejecutivo: «Vamos a dar un paso mas con leyes que modernizarán nuestra economía: aprobaremos una nueva ley de mecenazgo», explicó literalmente durante su intervención en el Debate del Estado de la Nación. Así lo han reiterado otros miembros del Ejecutivo en conversaciones privadas en el Congreso, entre ellos y con periodistas.
La decisión está tomada, confirman al equipo de Terabithia Fundaciones varios diputados. Pese a ser una demanda ampliamente reclamada por el Sector Fundacional Español (SFE) en las últimas legislaturas, la obsesión de las cámaras por circunscribir la necesaria norma (y nueva) al ámbito cultural devino, sistemáticamente, en discrepancias entre los diferentes titulares de Cultura y de Hacienda. Como resultado: avance cero para la regulación de un sector que emplea, directa o indirectamente, de forma remunerada o voluntaria, a medio millón de ciudadanos de todo tipo, condición y formación, unidas por el interés común de ayudar a los demás y contribuir a resolver problemas no resueltos. En el año 2019 [fecha más reciente de los últimos estudios cuantitativos realizados por el INAEF, organismo analítico creado por la Asociación Española de Fundaciones y financiado por una treintena de grandes fundaciones españolas], el SFE gestionaba unos 22.500 millones de euros de patrimonio y aportaba un gasto/inversión de 8.500 millones de euros. No es un sector menor, a la luz de la cifras y, sobre todo, cuando se analizan los proyectos impulsados, muchos de ellos en colaboración con filántropos privados o con empresas donantes. También se comprueba que no es menor cuando se analiza su proyección a futuro y su contribución social desde que la OMS declaró la pandemia por el SARS-CoV-2.
© Casa de S.M. el Rey
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La filantropía es cultura, y mucho más
La aprobación de la nueva Ley, al menos de palabra, sí es uno de los objetivos que se propuso el ejecutivo de coalición (con más tiras que aflojas por parte del ala más a la izquierda del Gobierno) tras su llegada a Moncloa y, tal y como ha reiterado en distintas ocasiones el ministro de Cultura, Miquel Octavi Iceta i Llorens, uno de los retos para esta legislatura sigue siendo «mejorar la regulación del mecenazgo». Será una nueva ley, según palabras del propio Iceta, que revisará «a fondo» el anteproyecto que existe actualmente y que hará que se trate de una norma «para el siglo XXI que incorpore los nuevos tipos de patrimonio, como el inmaterial, audiovisual y cinematográfico, el industrial, los paisajes culturales y el patrimonio subacuático». Una norma que cuente con la «colaboración y acompañamiento» de todas las administraciones implicadas en la gestión del patrimonio.
De nuevo las voces del SFE, aunque con sordina, se alzan en privado tras las palabras del ministro desde la Plaza del Rey de Madrid. «Volvemos a lo de siempre. No es así. Se equivocarán de nuevo. La filantropía es cultura, pero no sólo cultura, es sobre todo acción social, ambiental, ayuda al desarrollo…», nos explica en privado un senador, abogado en ejercicio especializado en fundaciones [por razones obvias prefiere, de momento, que omitamos su nombre para no entorpecer éste y otros procesos legislativos en marcha]. Según esta fuente, absolutamente solvente, aparte de la cuestión fiscal, el freno a la nueva Ley ha venido derivado sistemáticamente de una escasa amplitud de miras, «de legislar con las luces cortas para beneficiar, o contentar, a un malentendido sector de la población ‘progresista’, que enarbola el estandarte de la cultura como seña de identidad, no sé si buscando votos o simplemente tapando agujeros, que existen, porque existen vacíos legales enormes». «El modelo anglosajón, con sus defectos, que los tiene, es el que hay que imitar, conservando por supuesto los avances de la última década en legislación comunitaria, que no han sido pocos aunque parezca lo contrario; al final, siempre se aborda como una cuestión de equilibrio financiero público cuando lo inteligente y efectivo es legislar para que dentro de un marco normativo de seguridad, incluso internacional, seamos capaces de movilizar recursos de todo tipo, económicos y materiales, privados y empresariales, para resolver necesidades y, esto no debería sorprender a nadie, para generar empleo y riqueza e impulsar la actividad al tiempo que se avanza y se resuelven problemas para los que las Administraciones no tienen capacidad».
En España contamos con buenos modelos a seguir, en el contexto de lo explicado anteriormente: la filantropía es mucho más que cultura y las fundaciones están allá donde hay una necesidad no cubierta. Por ejemplo, la más grande, una referencia internacional y con dilatada experiencia: Fundación Bancaria «la Caixa», principal accionista de Caixabank, luego mecenas corporativo, la primera fundación de la Unión Europea, tanto en patrimonio como en gasto, una vez la Wellcome Trust británica (segunda fundación del mundo tras Gates Foundation) quedó excluida por el Brexit. Esta entidad no sólo desarrolla programas culturales, amplios y de calidad desde hace décadas, con inversiones que superan los 500 millones de euros cada año, sino que es especialmente activa y efectiva en mecenazgo corporativo para acción social, educación, contribución a la equidad, investigación, etcétera.
Y es que el ministro Iceta, que debe estar bien informado y ser conocedor de todo lo anterior, habla en ocasiones de modo circular, pues hay que señalar que hace escasos meses reconoció que era consciente de que la nueva Ley debería «por supuesto» ir mucho más allá de los meramente cultural. Es público y notorio que así lo opina, y así lo ha manifestado en varias ocasiones, pero el desconocimiento de la materia que abordan ciertos medios de comunicación, o la falta de espacio para profundizar en lo mollar de la cuestión, provoca que en más ocasiones de las deseables la voluntad política expresada sea tergiversada, consciente o inconscientemente. En los últimos años es una práctica habitual, a la vista está.
Un arma política arrojadiza
En mayo de 2021, el Congreso ya rechazó la enmienda a la totalidad que había presentado el Grupo Popular a la ‘Proposición de Ley para modificar la normativa de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo’, un texto que incluía la creación de Premio Nacional de Mecenazgo para el reconocimiento de los más destacados mecenas tanto a nivel particular como empresarial e institucional, además de otras medidas interesantes como la creación de un registro de mecenas, una tarjeta de reconocimiento de mecenas, el registro público voluntario y público o la celebración del Día del Mecenazgo. EL PP incluyó también en su texto alternativo la conveniencia de crear una Comisión del Mecenazgo que elaboraría la Estrategia Nacional del Mecenazgo. El diputado del PDeCat, Sergi Miquel i Valentí, comentó entonces en el Parlamento que las aportaciones de los conservadores ya estaban contempladas en el texto presentado por su grupo. Iceta, como decimos, también ha rectificado, asegurando, en público y en privado, que «la nueva Ley no deberá circunscribirse a lo cultural, sino poner de forma especial su acento en lo social y servir de plataforma de progreso ciudadano». En cualquier caso, se prevé que prevalezcan las instrucciones precisas del presidente del Gobierno para agilizar la nueva ley, ello a pesar de que (y Pedro Sánchez es bien consciente) se enfrenta a un conflicto con Hacienda y otro con Unidas Podemos, cuyos portavoces han reiterado en diversas ocasiones que «están en contra del mecenazgo entendido como lo quieren regular PSOE y PP» y, en su lugar, proponen avanzar en políticas que otorguen más protagonismo al Estado, a la acción pública y al control político; y que en vez de donaciones voluntarias de mecenas o empresas se vehicule la colaboración «de quienes más tienen» en fomento del equilibrio social «a través de impuestos». Pero decidiendo el Estado en qué se emplean los recursos. Los ultraliberales de Vox (la derecha económica ‘dura’), por su parte, se oponen de forma sistemática a cualquier avance legislativo al respecto y confiesan que en su agenda no está formular acuerdos para que avance la regulación del sector porque no es preciso ni necesario. Sólo protestan porque no se dé el debido reconocimiento social ni se alabe suficientemente la «aportación de los filántropos». Al menos, y no es cuestión de clase, esto es coherente con su visión económica y social del Estado. Otra cosa es que es una visión no compartida por la inmensa mayoría de la ciudadanía, que admira por supuesto al benefactor y valora la aportación del SFE, pero exige que se avance en la construcción de una Sociedad Civil sólida con voz propia y capacidad de acción.
Aunque no sorprende, por ser fiel a su ideario político y a su visión de Estado, no deja de llamar la atención la posición de Unidas Podemos, partido político cuyo origen fue precisamente en la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), entidad que ya recibió, por ejemplo, una subvención de AECID en 1998 (7 millones de pesetas) para orientar el programa de asesoramiento jurídico para la reforma constitucional de Ecuador; y posteriormente diversas ayudas para fomento de estudios políticos y diversas jornadas orientadas a Iberoamérica, de escasa cuantía bien es cierto, concedidas por la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, entre 2005 y 2010.
La aportación empresarial y los círculos virtuosos
El texto del anteproyecto, tal y como lo conocemos antes de que comiencen los nuevos retoques, que serán abundantes, preveía la deducción fiscal del 90% de los primeros 150 euros donado a causas filantrópicas y fundaciones, y del 50% para el resto. También pretendía incluir desgravaciones para las donaciones a través de crowdfunding, o hasta un 20% de apoyo fiscal para actividades de protección y ampliación del patrimonio histórico español y de las ciudades, conjuntos y bienes declarados patrimonio de la humanidad. Estas actividades en gran medida están impulsadas bien por administraciones o instituciones, bien por entidades sin ánimo de lucro y fundaciones, a menudo en colaboración con empresas que entienden que [más allá de la manoseada RSC] su labor impulsora de proyectos donde no llega el Estado, arbitrada bajo el círculo virtuoso que genera el ‘márketing con causa’ y el beneficio obtenido `[también en las cuentas de resultados, lo cual es lícito y deseable, para que el sistema de apoyo al Tercer Sector por parte de las corporaciones sea realmente sostenible] mediante el posicionamiento de la imagen de marca a través de estrategias empresariales para vincularse de forma duradera y no puntual con causas filantrópicas sociales, ambientales, educativas, etc.
En lo global y estructural, tal cual está ahora mismo el Anteproyecto, el Ministerio de Hacienda estima que el Erario dejaría de ingresar, por las deducciones y exenciones fiscales al mecenazgo, unos 300 millones de euros anuales. Los expertos del SFE ya conocen la respuesta a la gran pregunta: los beneficios para la sociedad y la aportación a ‘nichos de necesidad’ a través de la filantropía, con total seguridad, superarían esa menor recaudación fiscal ampliamente, al tiempo que se contribuiría con el Estado a la solución de problemas de diversa índole lo cual, como ahorro para las arcas públicas que es, generaría un doble beneficio: otro círculo virtuoso.
El Manifiesto por la Filantropía
Hace ahora algo más de un año, la Asociación Española de Fundaciones (AEF) mostró una vez más su «preocupación» por la paralización de esta reforma de la Ley de Mecenazgo, una asignatura pendiente durante más de una década den la agenda de diferentes gobiernos, desde el microproyecto de mecenazgo que impulso, sin éxito, el secretario de Estado José María Lassalle hasta el nuevo intento de Iceta de reflotar la Ley y cumplir la promesa electoral del PSOE, pasando por los intentos frustrados una y otra vez por Hacienda de los exministros José Guirao (muy profesional, ilustrado y gran conocedor del sector fundacional, cultural y social, por su trayectoria al frente de Fundación Cajamadrid, extinta en circunstancias aún no bien investigadas y aclaradas tras la desamortización y el ‘vaciado’ contable de la Cajas de Ahorros) y José Manuel Rodríguez Uribes, ahora en desempeño como embajador de España ante la Unesco.
El pasado mes de diciembre, sin ir más leos, en la V edición de Demos, Foro de Fundaciones y Sociedad Civil, meeting en el que Terabithia opera como ‘media partner’ desde hace unos años, las plataformas del Tercer Sector compartieron su Manifiesto por la Filantropía. Mecenazgo aquí y ahora, en el que expresaban los motivos por los que, casi veinte años después de su aprobación, se hacía necesaria una modernización de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos al Mecenazgo. Demos es el evento de referencia en España del Sector Fundacional, que en 2021 reunió en formato mixto a profesionales de todos los ámbitos (filantropía, cultura, ciencia, política…) para debatir, actuar y promover nuevos enfoques que den respuestas a las necesidades más urgentes de la sociedad actual.
En Demos’21 existía la sensación común de que había un amplio consenso entre los grupos políticos sobre la necesidad de contar con un marco renovado para el fomento del mecenazgo, a tenor del resultado favorable que arrojó la votación que admitió a trámite, con 245 votos a favor, la proposición de ley para reformar la Ley 49/2002 presentada por el Grupo Plural. A ese consenso ya se sumó el Gobierno, incluyendo en su Plan Anual Normativo para 2022 la actualización de la Ley, con lo que las palabras de Sánchez en el debate parlamentario vienen a significar un ‘adelante’ con la Ley de Mecenazgo, con independencia de las dificultades que encontremos para su aprobación. Pistoletazo de salida y no hay marcha atrás. «Creemos que esta es una ley importante para el fomento de la participación privada en los fines de interés general, para un sector clave no sólo en el medio y largo plazo como motor de ciudadanía, sino en el muy corto plazo en un escenario que se presenta complicado para las personas y los colectivos más vulnerables de nuestro país», afirma el presidente de la AEF, Javier Nadal Ariño, quien durante años guió por encargo de César Alierta el camino y expansión internacional da otra de las NPOs corporativas modelo en España, Fundación Telefónica. Nadal había expresado en los últimos meses su descontento con la pasividad del Ejecutivo con respecto a la reforma de la Ley, mantiene contactos frecuentes con varios ministerios implicados en la confección de la norma y a partir de este momento, como representante de unas 1.000 fundaciones asociadas, deberá convertirse en una de las principales correas de trasmisión de necesidades, dudas y propuestas al respecto. También han de emitir su juicio las diferentes asociaciones autonómicas, de forma especial la Coordinadora Catalana de Fundaciones, presidida por Eugenia Bieto, de Fundació ESADE, de tal manera que se impida que esta nueva normativa abra otro foco de dificultad añadido, sobre todo por el tema fiscal y la autonomía operativa, entre el Gobierno central y el catalán.
El compromiso social de las grandes empresas
El presidente del Gobierno aprovechó la oportunidad de la gran audiencia y repercusión en redes sociales que se preveía iba a tener el Debate sobre el Estado de la Nación (porque no da puntada sin hilo) para pedir a las grandes empresas (y hacer un hábil guiño casi preelectoral a la ciudadanía) que demuestren su responsabilidad social y corporativa revirtiendo sus beneficios extraordinarios en trabajadores y consumidores: «Este es el momento de probar el compromiso social de las grandes empresas», dijo, de forma que «cualquier beneficio indirecto no engorde la cuenta de resultados ni los sueldos de los directivos» sino que revierta en la sociedad. Pues bien, no es casual esta coincidencia, pues a través de la filantropía estratégica corporativa se pueden lograr muchos de estos objetivos reclamados por el presidente del Gobierno sin que las grandes empresas vean empeorar sus cuentas de resultados y, además, potenciando su imagen de marca. Varios departamentos de márketing y sostenibilidad de empresas del IBEX consultadas por Terabithia ven una oportunidad en las palabras del presidente, incluso hay CEOs y algún presidente que lo tiene claro. Los beneficios extraordinarios (y parte de los ordinarios) pueden destinarse a filantropía social y medioambiental; o a mecenazgo, por ejemplo, de la innovación y la investigación de vanguardia, conscientes de que a medio plazo esa actitud no sólo beneficiará a su imagen de marca, sino que afectará positivamente a la cuenta de resultados. «Fíjense [palabras de Sánchez], las empresas incorporan afortunadamente cada vez más a su gestión criterios de sostenibilidad. Hacen gala de su compromiso que se denomina ESG, siglas que responden en inglés, a las palabras de Medio Ambiente, Compromiso Social y Gobernanza. Pues bien, éste es el momento de probar el compromiso social de las grandes empresas. Es el momento de demostrar que trabajan para crear valor para sus accionistas, y también crear valor a su sociedad. Así lo hicieron muchas durante la pandemia, y ahora, de nuevo, la sociedad, la mayoría social, necesita el compromiso social de las grandes empresas».
«En la crisis financiera de la pasada década los españoles padecimos precariedad, incertidumbre, desesperanza, por la codicia de unos pocos y por la ceguera de una supuesta ortodoxia económica que, por desgracia, vuelve a asomar en los cenáculos conservadores que exigen sacrificios para todos menos para la minoría que ellos representan», rezó el presidente en su discurso, barnizado de carga ideológica, pero basada ésta en realidades palmarias: «Nuestro país ha donado ya más de 50 millones de vacunas contra la Covid. Somos de los países que más vacunas hemos donado del conjunto de la comunidad internacional. Y lo hacemos porque somos un país solidario y porque sabemos que la batalla contra la pandemia se gana o se pierde a nivel global. (…) Miren, hace casi 90 años, la decisión de los países aliados de no intervenir en España condenó a nuestro país a cuatro décadas de retraso, de ostracismo y de dictadura fascista. Hoy el destino nos brinda la posibilidad de no cometer en Ucrania ese error que otros cometieron con España. Nos brinda la oportunidad de estar en el lado correcto de la historia y es donde estamos y donde estaremos».
En el citado contexto del debate Sánchez, dando una de cal y otra de arena y a modo de guiño a la galería, presentó también en el debate sobre el Estado de la Nación para que fuera portada en medios y abriera telediarios, un conjunto de medidas económicas adicionales y de carácter tributario, a las ya adelantadas con anterioridad en el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio. Como principal medida, la creación de dos nuevos impuestos a energéticas y bancos, ambos de carácter temporal y excepcional, con el objetivo de recaudar 3.500 millones de euros al año, hasta totalizar 7.000 millones en los ejercicios de 2023 y 2024.
Reconstrucción Verde y fundaciones
Nada es casual: Sa´nchez es conciente de la tremenda aportación que la Sociedad Civil, la ciudadanía y el Tercer Sector de Acción Social han jugado y juegan tanto en la mitigación de las consecuencias sociales de la pandemia como en el apoyo al pueblo ucraniano, pero en su discurso fue mucho más allá enunciando una verdad universal no contestable: «Hacemos de la transición ecológica no solo un frente para adaptarnos y mitigar las consecuencias del cambio climático sobre nuestro país y para evitar una catástrofe medioambiental que hundiría la calidad de vida de nuestros hijos, de las generaciones que están por venir. Lo hacemos también porque es la mayor oportunidad que ha tenido España en décadas para reindustrializarse, para generar nuevos puestos de trabajo en territorios que hasta ahora no tenían esas oportunidades, para garantizar la soberanía energética que está poniendo Putin en cuestión y en riesgo en toda Europa, y para hacer de nuestro país por primera vez en su historia no un país importador de energía, sino un país exportador de energía verde». Pues bien, en la hoja de ruta marcada por el Gobierno para acometer estos propósitos nacionales (con muchos de los cuales están de acuerdo la práctica totalidad de los representantes públicos electos aunque no lo digan) tanto las fundaciones, como el grueso del Tercer Sector y la Sociedad Civil en su conjunto, con el apoyo estructural y económico de las corporaciones empresariales y la flexibilidad y colaboración de la banca, son, y mucho más deben ser, los verdaderos protagonistas de las transformaciones. Para ello es preciso que la nueva Ley de Mecenazgo (y Filantropía y Fundaciones) sea lo más precisa y amplia posible y armonice al tiempo las legislaciones autonómicas de tal forma que la filantropía estratégica y el mecenazgo corporativo sean un verdadero impulso para el desarrollo.
- Intervención completa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Castejón:
- El Libro Blanco para la Reforma Tributaria, en pleno debate e introducción del mínimo de tributación para grandes empresas, abordado la conveniencia y efectividad de los incentivos fiscales al mecenazgo:
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