En el documento técnico ‘Democratizar la energía como proyecto de país’ este think tank trata de demostrar que el acceso a servicios de primera necesidad y a derechos como la sanidad, las infraestructuras de transporte, la educación o la energía es mucho más caro para el ciudadano cuando se ejecutan con capitales privados con garantía de retribución que lo que debe corresponder a sus características como servicio público

  • La propiedad pública de las redes de distribución cercanas es un elemento fundamental para la introducción del vehículo eléctrico, para el autoconsumo, para la gestión de la demanda y para la protección de los consumidores, según los expertos
  • Esta posición no exige la nacionalización de las redes de transporte, pero sí la adecuación de su retribución acorde a los servicios que prestan y a la realidad del coste del dinero y la retribución de este tipo de infraestructuras como monopolio natural

Garcés Rivero /Terabithia Press / Madrid

Fundación Renovables propone que se destinen parte de los
Fondos Next Generation EU a recuperar la titularidad pública tanto del Operador del Sistema como de la propiedad y a la modernización de las redes de distribución eléctrica en España, en un informe publicado ayer que ha sido elaborado por los técnicos Raquel Paule, Ismael Morales, Meritxell Bennasar y Maribel Núñez con el apoyo del Patronato y de los Amigos y Amigas de la Fundación. Los Next Generation EU son un instrumento financiero dotado con 750.000 millones de euros para impulsar la recuperación, incluidos en el presupuesto a largo plazo de la UE resiliente. Estos Fondos «son susceptibles de emplearse para apoyar una consolidación de un sistema eléctrico fuerte, no oligopolístico y que esté basado en la prestación del servicio y no en la rentabilidad de los activos», en opinión de los autores: «El efecto multiplicador de la aplicación de los Next Generation a esta iniciativa es clara porque abre la posibilidad a que actividades altamente replicables y distribuidas, como son el autoconsumo, la movilidad sostenible, la gestión de la demanda o la implementación de la generación distribuida se lleven a cabo de forma más sencilla y se reduzca consecuentemente el precio de la electricidad». En España, estos fondos se materializarán a través de los PGE, una vez que la CE apruebe el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En el caso de nuestro país será la Administración General del Estado la que transfiera los Fondos a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

Fotos: Terabithia Stock

«Nos encontramos en un proceso de necesidad de cambio de nuestro modelo económico y en plena lucha contra el Cambio Climático y la electrificación de la demanda; y la disponibilidad de un sistema eléctrico abierto y flexible va a ser uno de los elementos más importantes para reactivar la economía apostando por el futuro frente a prácticas que pertenecen al pasado y que no son ni sostenibles ni inclusivas», reza el documento, que añade que «el desarrollo de los servicios de primera necesidad o el acceso a derechos inalienables como pueden ser la sanidad, las infraestructuras de transporte, la educación o la energía cuando se ejecutan con capitales privados con garantía de retribución suelen
producir una imputación de costes muy por encima de lo que correspondería a sus características como servicio público». El informe concluye que es fundamental mostrar señales políticas de actuación que garanticen que el acceso y el despliegue de las infraestructuras eléctricas no están basados en la maximización del rédito financiero de los inversores, sino en la garantía de prestación y modernización del servicio. Fundación Renovables señala la incapacidad de eliminar los fallos del mercado que inciden tanto en la calidad del suministro como en el no
acceso universal que ha exigido implementar el bono social desde la regulación o continuas medidas correctoras que no van a combatir el problema de raíz, sino a resolver elementos puntuales de perturbación.

«Esta no es una propuesta para crear una compañía pública de electricidad circunscrita a la generación de energía eléctrica. Si algo sobra es diversidad de agentes para generar energía eléctrica y de procedimientos para que actúen al menor coste». El informe incide en que lo que es necesario en este momento de recuperación verde «es incentivar y facilitar la diversificación de la oferta en autoconsumo, en generación distribuida y en comunidades energéticas y no que el Estado compita en generar un bien que es ampliamente ofertado y sobre el que hay un gran interés de
inversión». «En estos momentos, y considerando la electricidad como un bien de primera necesidad y como el eje de la creación de valor y progreso» se plantea la necesidad de que el Estado asuma el papel de inversor que ahora no tiene puesto que además «no se ha logrado que el interés público haya prevalecido sobre el poder real de los propietarios de las infraestructuras y de su objetivo natural de maximizar el beneficio o la rentabilidad de los inversores o accionistas y ejecutivos». «Esta posición no exige la nacionalización de las redes de transporte, pero sí la adecuación de su retribución acorde a los servicios que prestan y a la realidad del coste del dinero y la retribución de este tipo de infraestructuras como monopolio natural».


Un sistema regulado y controlado puede servir para cubrir las necesidades de la sociedad y las oportunidades que la evolución tecnológica
permite: «El problema se genera cuando llevar a cabo la transformación de las infraestructuras supone un quebranto económico o una pérdida de control y dominio para las otras líneas de negocio de las empresas propietarias de las distribuidoras». Como ejemplo del «error de la política energética española y de la pasividad del Estado», la fundación cita el modelo de empresas como Enagás o Red Eléctrica de España
(REE) que ejercen la gestión de un servicio de utilidad pública, «pero desde el beneficio empresarial y el crecimiento de las prestaciones económicas de sus ejecutivos», aunque el Gobierno se reserve el “derecho” del nombramiento de consejeros como «dádiva política».

Presidida por el ingeniero industrial Fernando Ferrando, quien hasta 2015 dirigía el departamento de Sostenibilidad y de Energías Renovables de Endesa, Fundación Renovables tiene como objetivo fundamental, operando desde su sede en Madrid, sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de llevar a cabo un cambio de modelo energético con el ahorro, la eficiencia y las renovables como principios básicos y lleva operando diez años en el sector non profit para contribuir a la aceleración del cambio de modelo energético hacia un modelo sostenible a través del desarrollo de las energías renovables y la racionalización del consumo y del uso de la energía. Este laboratorio/lobbie de pensamiento desarrolla actividades y emite informes para informar, difundir, divulgar las características de las energías renovables y de un modelo energético racional, sostenible e hipocarbónico. Dirige la fundación la ingeniera industrial Raquel Paule.

Propuesta de actuación y cambios en política energética

  • Recuperar la electricidad como un bien de utilidad pública.
  • Reducir el precio de la electricidad y mejorar las señales de precio al consumidor.
  • Garantizar que la modernización y la digitalización del sistema se llevan a cabo.
  • Democratizar el funcionamiento del Sistema Eléctrico, flexibilizar el acceso y reducir la concentración empresarial en elementos cruciales.
  • Separar las funciones de operador del sistema y la de transportista y recobrar el carácter público del operador del sistema, actualmente ejercido por REE, en la que el Estado tiene una participación del 20%.
  • Separar completamente la propiedad de las redes eléctricas de distribución y las infraestructuras de servicio asociadas a estas respecto de las compañías privadas que realizan actividades liberalizadas (generación y comercialización)

La política energética y económica del futuro tiene en la apuesta por la electrificación de la demanda el elemento básico para afianzar y conseguir un desarrollo cada vez más sostenible y la descarbonización de la economía antes de 2050, principalmente porque la electricidad es un bien básico de primera necesidad para toda la población y la base para cualquier política de eficiencia y de penetración de las energías renovables; además favorece la mejora de la balanza comercial por la reducción de las importaciones de combustibles y reduce la dependencia energética del exterior, configurando una estructura productiva más autóctona, local y distribuida en el territorio español. Con respecto a la descarbonización, el consumo de electricidad tiene emisiones cero en uso y si la generación es con fuentes renovables también en origen. Cambiar a un modelo eléctrico disminuye la contaminación atmosférica y es crucial para la mejora de la calidad del aire, sobre todo en las ciudades, según destaca el informe técnico de Fundación Renovables, que puede ser descargado completo en el siguiente enlace:

Los Next Generation EU y la modernización del sistema eléctrico (fundacionrenovables.org)

Fernando Ferrando, presidente de Fundación Renovables

La última frontera para democratizar la energía: la red de distribución

La última frontera para democratizar la energía: la red de distribución (20minutos.es)